México cae en ranking mundial que mide la ausencia de corrupción


Redacción, MX Político.- — En el último año y medio, en cuanto a “ausencia de corrupción”, México pasó del lugar 99 al 104 en el World Justice Project Índice de Estado de Derecho 2020, en el cual se presentó un panorama en 128 países, asignando puntajes y rankings con ocho factores, además del citado, respecto a: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

El ranking de 128 países analizados, donde el 1 es el mejor evaluado y el 128 el peor evaluado y de 30 a nivel regional donde se aplica el mismo criterio, México tiene los siguientes puntajes. En “restricciones a los poderes de gobierno”, México ocupa el lugar 89 a nivel mundial y el 25 de 30 a nivel regional. En “ausencia de corrupción”, el 121 y el 29, respectivamente. En “gobierno abierto”, el 36 y el 7, siendo este apartado donde está mejor evaluado desde el año pasado según el Índice.

En “derechos fundamentales, el 78 a nivel mundial y 24 a nivel regional; en “orden y seguridad”, el 121 y el 29, siendo uno de los peores evaluados, evaluación parecida en “cumplimiento regulatorio” con los lugares 91 y 23 respectivamente, así como en “justicia civil” con 116 y 26 y en “justicia penal” con 119 y 26, comparativamente.

Estos puntajes se calcularon a partir de la información recabada en más de 130 mil encuestas hechas a la población en general, incluyendo legisladores, organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos y profesionales de derecho, entre otros y más de 4 mil cuestionarios a expertos en justicia de todo el mundo. La metodología utilizada en el Índice es el resultado de una extensa consulta con académicos, profesionales, y líderes de más de 100 países y 17 disciplinas.

La encuesta a la población en general fue realizada por la Compañía Encuestadora “Data Opinión Pública y Mercados”, a una muestra de 1000 personas cara a cara, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en 2017, según el enlace https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf

La justificación es que estas encuestas se hacen a una muestra representativa de mil personas en las tres principales ciudades de cada país y jurisdicción, elaboradas por expertos, respondidas por profesionales y académicos expertos en derecho civil y comercial, derecho penal, derecho laboral, y salud pública.

“Los puntajes del Índice se basan en la evaluación de la población general (mil encuestados en cada país) y de expertos legales locales, lo cual asegura que los hallazgos reflejen las experiencias y condiciones reales de distintos sectores de la población, incluidos los grupos más vulnerables”, refirió.

El Índice añadió que el Índice está diseñado para aplicarse en países y jurisdicciones con sistemas sociales, culturales, económicos y políticos muy diferentes.

“Ninguna sociedad ha alcanzado, y mucho menos sostenido, un cumplimiento perfecto del Estado de Derecho. Por lo tanto, cada país enfrenta un desafío permanente de construir y renovar las estructuras, instituciones, y normas que pueden apoyar y sostener una cultura de legalidad”, apuntó.

Apuntó que los cuatro principios universales se desarrollan en los ocho factores del Índice de Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal.

“La encuesta a población general proporciona información de primera mano sobre las experiencias y percepciones de personas comunes sobre distintos temas del Estado de Derecho, como sus experiencias con la burocracia, los grados de corrupción y sobornos, la disponibilidad de mecanismos de resolución de conflictos, y la prevalencia de delitos comunes”, según el reporte.

El cuestionario incluyó 127 preguntas basadas en percepciones, y 213 preguntas acerca de experiencias, además de preguntas sociodemográficas, se tradujo a los idiomas locales y se adaptó para incluir expresiones comunes de cada lugar, y después se administró por compañías encuestadoras locales, utilizando una muestra probabilística de 1,000 personas en las tres ciudades principales de cada país.

Los datos utilizados para el reporte de este año se recolectaron durante el otoño de 2019 (para 10 países y jurisdicciones), otoño de 2018 (para 70 países y jurisdicciones), otoño de 2017 (para 45 países y jurisdicciones), otoño de 2016 (para cuatro países y jurisdicciones), otoño de 2014 (para tres países y jurisdicciones), otoño de 2012 (para un país) y el otoño de 2011 (para dos países o jurisdicciones).

La información detallada sobre la cobertura del país (ciudades incluidas o si es de representativa a nivel nacional), las compañías encuestadoras contratadas para administrar el cuestionario, y la metodología utilizada en cada uno de los 128 países, se incluyen en la página 164, explicó.

Además, se explicó que los cuestionarios contienen preguntas de percepción, y escenarios hipotéticos detallados que permiten tener datos comparables a nivel internacional. Los cuestionarios a expertos (QRQ) se realizan anualmente a expertos seleccionados de directorios de firmas de abogados, universidades, centros de investigación, y organizaciones de la sociedad civil, así como por personas que forman parte de la red de expertos y practicantes del WJP.

Estos cuestionarios se administran en cinco idiomas: inglés, francés, portugués, ruso y español. Los datos de expertos para este reporte incluyen respuestas de más de 4 mil encuestas a expertos, con un promedio de 32 especialistas en cada país. Estos datos se recolectaron entre mayo y octubre de 2019.

Asimismo, estableció que “el Índice no identifica prioridades de reforma, ni establece causalidad entre las dimensiones que forman parte del Estado de Derecho. Utilizamos métodos rigurosos para recolectar información y para calcular los rankings y puntajes del Índice; sin embargo, es importante mencionar que todas las mediciones están sujetas a errores. Dada la incertidumbre asociada con la selección de una muestra particular de respondientes, se calculan errores estándar utilizando métodos de bootstrapping para probar si los cambios anuales en los factores son estadísticamente significativos. Los índices e indicadores están sujetos a posibles abusos y malas interpretaciones”, consideró.

Justificó lo anterior con el argumento de que tras ser presentados públicamente, los datos adquieren vida propia y pueden ser utilizados para fines no anticipados por sus creadores, de manera que, si los datos se toman fuera de contexto, pueden conducir a decisiones equivocadas de política pública.

Recordó que los conceptos de Estado de Derecho medidos en el Índice pueden tener distintos significados en distintos países, por lo cual invitó a los usuarios a consultar definiciones específicas de las variables utilizadas y que se discuten a mayor detalle en la sección de metodología de la página web.

“Al igual que temas de salud o economía, ningún índice transmite una imagen completa de la situación de un país por sí solo. Las tomas de decisiones en temas de Estado de Derecho requieren considerar de forma cuidadosa todas las dimensiones relevantes, las cuales pueden variar entre países, y deben utilizar un conjunto de fuentes, instrumentos, y métodos”, agregó.

En el Índice de 2019 se reportó que, por segundo año consecutivo, México mantuvo una calificación de 0.45 en una escala de 0 a 1, donde 1 significa el mayor respeto por el Estado de Derecho. Ocupó entonces el puesto 99 de 126 países, lo cual representó la caída de dos posiciones. El cambio de ranking se calculó tomando en cuenta los 113 países incluidos en la edición 2017-2018 del Índice del Estado de Derecho, sin tomar en cuenta los 13 países incluidos por primera vez en 2019.

México se encontraba en la posición 26 de 30 países en la Región de América Latina. Esa posición la conserva este 2020.

“Corrupción, seguridad y justicia penal son áreas que requieren atención en México. En las dimensiones sobre Ausencia de Corrupción y Orden y Seguridad México se ubica en la posición 117 de 126 países. En justicia penal, México es el lugar 115 de 126 países. El factos mejor calificado fue gobierno abierto, en el que México se ubicó en la posición 35 de 126 países”, resaltó.

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