Propone reformar Ley de Adquisiciones, argumenta combate a la corrupción



Redacción MX Político.- Según estudios del Banco Mundial, alrededor del mundo es más frecuente que los privados realicen algún tipo de pago irregular o soborno para recibir contratos que para recibir servicios públicos, ventajas judiciales o evadir impuestos y, lamentablemente, en México no es la excepción.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, adicionalmente, establece como falta administrativa grave de particulares cualquier acción “que implique o tenga por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal”. Asimismo, los funcionarios públicos podrían caer en diversas faltas graves tales como el cohecho, abuso de funciones o desvío de recursos públicos. En ambos casos las sanciones aplicables serán severas: para el funcionario, destitución e inhabilitación por 20 años, así como multa por dos tantos de los beneficios obtenidos; para las empresas, inhabilitación para participar en contrataciones por 10 años, multas por dos tantos de los beneficios obtenidos o hasta un millón 500 mil “unidades de medida”, indemnización por daños y perjuicios e inclusive la disolución.

Por tanto el atacar actos graves de corrupción será fundamental para comenzar a cambiar los incentivos. En la medida que privados y funcionarios vean que sus tranzas pueden traer consecuencias en su persona (patrimonio, reputación y libertad) la pensarán dos veces antes de quebrantar la ley para obtener un lucro indebido. No hay manera de monitorear miles y miles de procedimientos, pero en la medida que comiencen a imponerse sanciones ejemplares, comenzarían a darse los efectos disuasivos que hasta ahora parecen no existir.

Se pretende de esta forma adicionar que se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, las personas físicas o morales, que sus representantes legales o socios, tratándose de personas morales, y aquellas personas físicas que se encuentren sancionadas por sentencia definitiva por el delitos de corrupción o patrimoniales.

**Texto: Cortesía **Foto: Especial

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